El Ministerio Público Fiscal de Argentina imputó a 17 exmilitares y expolicías, acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra 58 menores de edad, incluidos bebés, durante la última dictadura militar (1976-1983).
Entre los delitos que se les adjudican se encuentran la privación abusiva de la libertad (secuestro), imposición de tormentos agravados (torturas), abandono de persona y sustracción, así como retención u ocultamiento de menores.
En la causa que lleva adelante el Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Mendoza, inicialmente estaban acusadas 24 personas, pero tres ya murieron; una está incapacitada; y tres más fueron absueltas en otro proceso.
Además de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, la última dictadura militar argentina se apropió de menores de edad —en su mayoría hijos de militantes ejecutados o desaparecidos—, que posteriormente fueron entregados en adopciones ilegales.
Abuelas de Plaza de Mayo, la organización creada para buscarlos, ha logrado restituir hasta ahora la identidad de 140 personas y estima que hubo alrededor de 500 casos de apropiación.
El expediente que avanza en la Justicia mendocina describe otro método mediante el cual fueron violados los derechos humanos de las víctimas menores de edad, como el caso de un bebé de siete meses abandonado en la puerta de la casa de sus abuelos, en condiciones deplorables y con secuelas físicas evidentes.
Inhumanidad
De acuerdo al expediente investigado, otro bebé permaneció un mes en poder de un comisario, que lo usó como "cebo" para capturar a su padre, hasta que fue rescatado por sus abuelos en estado de abandono. Del mismo modo, una bebé de quince días fue privada de alimento junto a su madre, quien no podía amamantarla.
Otros menores sufrieron severos impactos psicológicos porque ellos o sus padres y madres fueron secuestrados durante los violentos operativos que se ejecutaban con gritos, armas, golpes y amenazas.
Por ejemplo, dos hermanos de cuatro y seis años permanecieron encerrados durante horas con la boca tapada con cinta; otros dos menores lloraron durante horas en la vereda de su casa y los militares impidieron que los vecinos los ayudaran. Una niña fue arrancada de los brazos de su madre y arrojada a un pasillo.
A un niño de tres años le apoyaron un arma en la cabeza delante de su padre. A otra niña, de cinco años, la apuntaron con un arma y la obligaron a entregar la llave de su casa. A un adolescente incluso le introdujeron un arma en la boca.
"Durante los secuestros de sus padres o madres, algunos bebés o niños y niñas de corta edad fueron dejados en situaciones de desamparo, sin cuidado o protección, configurando el delito de abandono de persona. Estas acciones creaban un peligro concreto para la vida o la salud de aquellos, especialmente por su incapacidad para valerse por sí mismos, abandonados/as en la vía pública o en sus domicilios sin presencia de un adulto, y sin garantizar su seguridad", denuncia la fiscalía.
