Flash de un régimen: Pedro Sánchez, OTAN, corrupción y la lucha obrera

Cuando Federico García Lorca advirtió, en el arranque de La casa de Bernarda Alba, que sus tres actos pretendían ser "un documento fotográfico" de la realidad española, nos dejó un método y una advertencia: congelar el instante para desentrañar la estructura que lo sostiene. Asesinado por el fascismo en agosto de 1936, Lorca marcó la fecha de la defunción simbólica de una España cuya criatura —engendrada en las cunetas— seguimos observando hoy.

Noventa años después, otro fogonazo ilumina el escenario: las sedes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) registradas y la detención de Santos Cerdán por comisiones ilegales, Pedro Sánchez rubricando —y a la vez jurando desobedecer— el compromiso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de elevar el gasto militar al 5 % del PIB, ministros volando a Budapest para reprender a Orbán mientras España sigue, hipócritamente, manteniendo el genocidio televisado en Gaza y los obreros del metal de Cádiz erigen barricadas frente a los antidisturbios.

Alrededor, la vieja oligarquía y una izquierda domesticada que ya no sabe ni por dónde le da el aire custodian la misma connivencia entre capital, militarismo y represión.

En los sumarios Gürtel, Lezo o Púnica y en las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) siempre resuenan los mismos apellidos corporativos —ACS-Dragados, Ferrovial, FCC, Indra, Iberdrola o Acciona—, herederos directos de los viejos monopolios que el franquismo engordó y que las privatizaciones de los noventa blindaron.

Alrededor, la vieja oligarquía y una izquierda domesticada que ya no sabe ni por dónde le da el aire custodian la misma connivencia entre capital, militarismo y represión.

La Comisión de Competencia multó a las seis grandes constructoras por actuar como cártel durante un cuarto de siglo, pero el Estado les sigue adjudicando obras: Dragados lidera el ranking de contratos amañados, Ferrovial pagó comisiones millonarias para obras públicas en Cataluña, Indra financió campañas del conservador Partido Popular con dinero de contratos inflados, e Iberdrola refuerza su historial franquista con una puerta giratoria que ha cobijado a expresidentes y ministros. Aquí el corrupto rota, el corruptor permanece: la "colaboración público-privada" convierte la ley en negocio recurrente y ningún gobierno se atreve a tocar a los dueños del país.

En la trastienda del Régimen del 78 late otra pieza invisible: la OTAN. Su bisagra se forjó antes de que existiera el propio régimen, cuando los Pactos de Madrid de 1953 convirtieron al franquismo en gendarme mediterráneo de Washington a cambio de bases y créditos que, entre otras cosas, inflaron a las constructoras del clan del hormigón.

Tres décadas más tarde, el PSOE culminó la "gran traición" de la Transición: Felipe González prometió "OTAN, de entrada no" y acabó convocando el referéndum de 1986 para blindar la permanencia; el 'sí' se impuso entre campañas de miedo y el peso de la logística estadounidense ya asentada en Rota, Torrejón, Zaragoza y Morón. Desde entonces, la Alianza funciona como eje estructural que conecta a la oligarquía armamentística con la política española: contratos de mantenimiento de bases, modernización de flotas y programas de ciberdefensa que riegan de dividendos a Indra, Navantia o Airbus-Spain mientras legitiman una proyección militar incompatible con cualquier soberanía popular.

Ningún miembro del Consejo de Ministros de España arriesga el pasaporte diplomático en el polvorín de Gaza, donde los bombardeos israelíes han segado ya más de 56.000 vidas y el propio Ministerio de Exteriores desaconseja siquiera poner un pie.

Mientras en La Haya los focos iluminaban el "consenso histórico" alcanzado el 23 de junio de 2025, Pedro Sánchez ensayaba el viejo número del tahúr: estampa su firma en la declaración que eleva el gasto militar al 5 % del PIB y, minutos después, proclama ante la prensa que España "no tendrá que cumplirla". El truco, una cláusula de flexibilidad redactada para que Madrid pueda seguir en el 2 %, satisface a Washington —que ya ha rebajado su presión— y al mismo tiempo permite al presidente presentarse en casa como adalid del Estado del bienestar.

Pero la letra pequeña es clara: la lluvia de fondos europeos para rearme correrá igual y los grandes beneficiarios serán los mismos de siempre. Indra, que ya lidera 12 proyectos del Fondo Europeo de Defensa y coordina el sistema de mando estratégico SCEPTER, se frota las manos: cada punto de PIB extra en los presupuestos castrenses acaba abonando un oligopolio tecnológico que mezcla ciberdefensa, drones y lobby permanente en Moncloa.

Lorca también sabía que cada tragedia es teatro: lo importante es dónde enfocamos el cañón de luz. Por eso la izquierda domesticada del Gobierno ha fletado tres ministros —Ana Redondo, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun— a la Budapest Pride, para escenificar ante las cámaras su pulso moral contra Viktor Orbán. Afortunadamente para estos, la "anomalía" húngara de mantener relaciones con Moscú les permite poder montar su show activista bajo el amparo de la OTAN. Sin embargo, ningún miembro del Consejo de Ministros arriesga el pasaporte diplomático en el polvorín de Gaza, donde los bombardeos israelíes han segado ya más de 56.000 vidas y el propio Ministerio de Exteriores desaconseja siquiera poner un pie.

El descontento obrero, por ahora, no ha desembocado en una ola ultra, pero los indicadores de odio sí se aceleran: el Ministerio del Interior registró 2268 delitos de odio en 2023 en España, un salto del 21 % respecto al año anterior.

En la Bahía de Cádiz, donde las sirenas navales se mezclan con el eco de la tanqueta de 2021, el metal vuelve a crujir. Más de 25.000 obreros han parado los astilleros y aerostructuras exigiendo salarios indexados al IPC y el fin de los contratos fijos-discontinuos; las barricadas ardieron y la policía saldó la semana con una docena de detenciones.

Sin embargo, a espaldas de las asambleas, FICA-UGT firmó un preacuerdo con la patronal FEMCA y proclamó la "vuelta a la normalidad"; CCOO se desmarcó, mientras los sindicatos CGT y CTM mantienen el paro y denuncian un "convenio miserable" que prolonga nueve años de brecha salarial.

La escena confirma la vieja moraleja lorquiana: cuando el conflicto alcanza su clímax, aparece la autoridad —ahora a través de los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO)— para mandar a callar. Volviendo a presentar en escena la única verdad que dijo Franco: que lo había dejado todo "atado y bien atado".

Revelan la "cruda realidad" sobre el nivel de capacidad defensiva de Europa

En la provincia de Cádiz —epicentro del conflicto metalúrgico— Vox retrocedió del 21 % de los votos en 2019 al 15,1 % en las generales de 2023 y perdió uno de los dos escaños que había conseguido en pleno "efecto tanqueta". El descontento obrero, por ahora, no ha desembocado en una ola ultra, pero los indicadores de odio sí se aceleran: el Ministerio del Interior registró 2268 delitos de odio en 2023 en España, un salto del 21 % respecto al año anterior, y más allá, en el escenario europeo, Alemania acaba de anotar un récord histórico de delitos políticos con sesgo derechista en 2024, incluida la brutal agresión al eurodiputado socialdemócrata Matthias Ecke.

Sin embargo, todavía hay margen: la izquierda que no se deje domesticar tiene el espacio y el deber de articular un movimiento que combine defensa de los derechos laborales y sociales, la ruptura con la OTAN y el control de las empresas del cártel. Mientras ese proyecto no exista, el hueco seguirá abierto y la hidra acechará, aunque aún no haya devorado la escena, En paralelo, la izquierda institucional y el PSOE seguirán aprovechando de manera cínica e irresponsable esta amenaza real para ocultar su connivencia. Lorca cerraba su documento fotográfico con una Bernarda autoritaria clamando silencio. Hoy, al pueblo le toca levantarse sobre esta escena y tomar las calles y la palabra.