"Circunstancias de la vida privada": Escándalo sexual se desata en la política española

Alfonso Villares, consejero de Mar del Gobierno de Galicia, en el noroeste de España, dimitió el miércoles después de ser notificado un día antes por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que es investigado por un delito de agresión sexual.

La denuncia fue interpuesta hace meses por la modelo y presentadora Paloma Lago. La comunicadora, de 58 años, fue una de las figuras más conocidas de la televisión española de la década de los 90 y desde entonces ha seguido presente en la esfera pública.

Lago interpuso la denuncia en la ciudad gallega de Ferrol, de donde es natural, y se referiría a hechos acontecidos a finales del pasado mes de diciembre.

Tras la comunicación del TSXG, Villares convocó una rueda de prensa 24 horas después en la que informó su dimisión, a pesar de declararse "absolutamente inocente".

Justificó la renuncia sosteniendo que a pesar de que el proceso judicial se refiere a hechos ocurridos en la "esfera estrictamente personal", no quiere que "circunstancias de la vida privada" puedan "enturbiar" la confianza de la población en las instituciones.

Con el abandono de su cargo de consejero y de diputado regional, Villares pierde la condición de aforado por lo que la Sala de lo Civil y Penal del TSXG dejará de ser competente y la causa pasará al juzgado de primera instancia de Ferrol.

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El político no aportó ningún detalle sobre la denuncia y tampoco admitió preguntas de los medios de comunicación tras su breve comparecencia que apenas duró unos minutos, donde aseguró que confía en que se confirme su inocencia y pueda recuperar su vida política "cuanto antes".

Villares, veterinario de 55 años, fue alcalde del municipio de Cervo entre 2007 y 2023, cuando fue llamado por el Gobierno regional para ocupar la cargo que ostentaba hasta ayer.

La oposición pide explicaciones

Los partidos de la oposición exigieron inmediatamente explicaciones al presidente gallego, Alfonso Rueda. El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha pedido "explicaciones claras y urgentes".

Por su parte, desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG), su diputada Noa Presas dijo que es terrible para las mujeres gallegas tener que ver que "un Gobierno que en teoría tiene que proteger" sus derechos "tiene un posible agresor sexual", sosteniendo además que "una denuncia de este calado no es un asunto exclusivamente privado".